Hasta diciembre del 2024 se suspenden por Ley la ejecución de sentencias por deudas hipotecarias. Esta medida aprobada por la Cámara de Diputados incluye a los deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios.
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Este registro abarca a los deudores de los ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito S.A. (SEDESA), y a todos los deudores del sistema financiero y/o privados, que se encuentren comprendidos en el mismo.
El proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo suspende entonces, todo trámite de ejecución de sentencias que recaiga sobre las deudas hipotecarias cuyos titulares estén comprendidos por el artículo 2° de la Ley 8182, hasta el 31 de diciembre de 2024. Según establece la normativa, estos deudores no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial.
En la fundamentación del proyecto remitido por el Senado, se señala que “la situación de quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, luego de la crisis del 2001, se vieron imposibilitados de hacer frente a esas obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa”.
En consecuencia, agrega el texto, “se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos. En Mendoza se sancionaron las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”.
En la Ley 8182, que comprende a los deudores hipotecarios, “en su artículo 3 determina la suspensión de todo trámite de ejecución de sentencias que recaigan sobre las deudas hipotecarias por el término de trescientos sesenta y cinco días corridos a partir de la fecha de promulgación de aquella Ley», indica el texto.
La Legislatura de Mendoza ha ido prorrogando dicha prerrogativa de manera sucesiva y sin interrupción a través de distintas leyes. «Por lo que en esta oportunidad, lo que se pretende es “darle continuidad a dicho beneficio para los deudores hipotecarios y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2024”, cita la norma.
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