Este martes un matrimonio y sus dos hijos fueron condenados a prisión perpetua junto a un empleado de la familia a 17 años de cárcel por secuestro y homicidio de Diego Alfredo Aliaga, un exdespachante de aduana, empresario e informante policial y judicial que fue asesinado en 2020.
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Las penas más severas recayeron sobre Diego Alejandro Barrera Leucrini (52); su esposa Bibiana Elizabeth Sacolle Ferro (48) y los hijos de ella, Gastón Nicolás (30) y Lucas Agustín Curi Sacolle (28).
En tanto, al empleado de la empresa familiar, Washington Yamil Rosales Fernández (34), fue sentenciado a 17 años de cárcel debido a que confesó el hecho, ayudó a hallar el cadáver de la víctima y se acogió a la figura del “arrepentido”.
De acuerdo a los voceros, los ahora condenados fueron hallados culpables de los delitos de “secuestro extorsivo con la intervención de tres o más personas, seguido de muerte, homicidio criminis causa, con alevosía y ensañamiento, más la calificación de robo agravado en poblado y en banda”.
El caso
Aliaga (51) fue visto con vida por última vez el 28 de julio de 2020, cuando iba a encontrarse con Barrera Leucrini y su cuerpo apareció enterrado en un campo de Lavalle el 10 de septiembre del mismo año.
La víctima fue señalada por testigos como informante policial y como el nexo de una organización presuntamente liderada por el suspendido juez federal Walter Bento, quien actualmente enfrenta un jury por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas a presos a cambio de beneficios judiciales.
Para la fiscalía, el clan liderado por Barrera Leucrini secuestró y mató a Aliaga porque lo quisieron obligar a que les firmara el boleto de compra-venta de dos propiedades, una en el exclusivo barrio privado Dalvian, y otra en una oficina céntrica de Mendoza, que estaban registradas a nombre del empresario.
Los delincuentes también querían apoderarse de dos vehículos de alta gama, un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler; y dos vans Mercedes Benz Sprinter.
Tras casi un año de debate, los camaristas Alejandro Waldo Piña, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli abonaron la teoría planteada por la fiscal María Gloria André que sostuvo que los ahora condenados llevaron adelante “una maniobra totalmente planificada”.
Según la investigación, a la víctima la trasladaron hasta un galpón que Barrera Leucrini tenía en Ciudad, donde lo asesinaron por medio de “asfixia por sofocación”, tal como surgió en la autopsia.
Luego mantuvieron su cadáver durante cuatro días en el baúl de un auto, para luego trasladarlo hasta Costa de Araujo, donde lo descartaron.
En cuanto a Sacolle y sus hijos, la fiscalía entendió que conocían en detalle y colaboraron con el plan para quitar del medio a Aliaga de los negocios que tenían en conjunto con Barrera Leucrini.