La tasa de fecundidad en el país se redujo un 34% entre 2014 y 2021, más acelerada aún en niñas y adolescentes, 59%, según estudios analizados por Unicef, Unfpa y Cippec sobre las tendencias demográficas. Esta tendencia fue adjudicada “a la disminución de embarazos no intencionales, cambios en las conductas sociales, el acceso a la anticoncepción y el auge de los movimientos feministas que motorizaron la ampliación del acceso a derechos sexuales y reproductivos”, se informó.
Los datos fueron publicados en los informes “Odisea Demográfica. Tendencias demográficas en Argentina: insumos clave para el diseño del bienestar social” y “Políticas públicas para reducir la pobreza en la transición demográfica”.
El primero de los estudios indicó que “en 1950, entre 49 países o territorios de América Latina y el Caribe, Argentina (con 3,15 hijos por mujer) era el segundo país con más baja tasa de fecundidad (detrás de Uruguay) mientras que en 2015 se ubicaba por detrás de 33 países y territorios de la región”.
Factores que inciden
La fuerte caída de la fecundidad se produjo, entre otros factores, por un importante cambio en cuanto al acceso de tecnologías de anticoncepción.
Por ejemplo, en 2012 la ANMAT autorizó la comercialización de implantes subcutáneos anticonceptivos que se aceleró en 2014 cuando se incorporó al programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, inicialmente en forma restringida orientada a niñas y adolescentes de 15 a 19 años sin obra social o prepaga que hubieran tenido al menos un evento obstétrico. A partir de 2015, se extendió este insumo a todas las mujeres de 15 a 24 años.
También, por los cambios en las preferencias de las personas se vinculan a impactos del desarrollo económico, cambios en la organización interna de las familias, o en la cultura que impactan en las decisiones de las mujeres en edad fértil.
Se suman, igualmente, los cambios vinculados a derechos sexuales y reproductivos en la segunda década de los 2000 “a pesar de que son el resultado de una lucha por ampliarlos”.
A ello se sumaron la Ley 26.150, que dio inicio al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que mejora en las condiciones de acceso de adolescentes al sistema de salud.
El trabajo destacó la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE) en 2021, cuando el Estado nacional incrementó con respecto al año anterior casi un 400% la distribución de misoprostol.