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el Consejo Constitucional rechazó la convocatoria a un referéndum sobre la polémica reforma de pensiones de Macron


El Consejo Constitucional, máxima institución judicial francesa, rechazó el miércoles al atardecer el referéndum de iniciativa compartida, en el que se iba a consultar la ciudadanía sobre la reforma jubilatoria. No cumple con los requerimientos requeridos para considerarlo, según los sabios. Se ha convocado a una movilización de protesta para esta noche frente al Consejo, convocada por la CGT.

Su sentencia ratificó el pesimismo de los legisladores de izquierda y los sindicalistas, que no creían que los “sabios” se pronunciaran a favor de esta segunda presentación, tras haber rechazado inicialmente la propuesta del primer referéndum.

Ahora los legisladores quieren votar la reforma jubilatoria, incluido los senadores. Será la primera vez que consiguen hacerlo porque el gobierno había apelado al 49,8, un dispositivo que les exige pasar la legislación sin votarla. Un nuevo capitulo para el presidente Emmanuel Macron, que no consigue el oxígeno político que necesita para llevar adelante la reforma, más allá de su promulgación.

Tras el rechazo de una primera solicitud de referéndum de iniciativa compartida, la izquierda volvió a probar suerte con una segunda versión para llevar la edad de jubilación a los 62 años.

El presidente francés Emmanuel Macron. Foto AFP


El presidente francés Emmanuel Macron. Foto AFP

El camino legal

Tras la promulgación expresa de la reforma de las pensiones y un 1 de mayo considerado exitoso por los sindicatos, el Consejo Constitucional debía anunciar este miércoles su decisión sobre una nueva solicitud de referéndum de iniciativa compartida (RIP), casi tres semanas después del rechazo de un primera solicitud.

El referéndum de iniciativa compartida, previsto por la Constitución, es una disposición que abre la posibilidad de organizar un referéndum sobre un proyecto de ley «a iniciativa de una quinta parte de los miembros del Parlamento». Es decir, al menos 185 de los 925 parlamentarios (577 diputados, 348 senadores).

En marzo y luego en abril, los parlamentarios de izquierda presentaron un proyecto de ley en referéndum para que «la edad legal de jubilación no pueda fijarse más allá de los 62 años».

El PIR era visto como una de las últimas oportunidades para revertir la reforma de las pensiones, ya que el gobierno intentaba de alguna manera dar vuelta la página.

Macron ha recordado en varias ocasiones que se aplique el próximo mes de septiembre.

Protesta en París por el 1° de Mayo y contra la reforma de la edad jubilatoria. Foto Bloomberg


Protesta en París por el 1° de Mayo y contra la reforma de la edad jubilatoria. Foto Bloomberg

La misión del Consejo Constitucional es verificar que el referéndum cumpla con los criterios fijados por el legislador. La institución, que preside el ex primer ministro y canciller Laurent Fabius, debía confirmar que el referéndum «se refiere a la organización de los poderes públicos, a las reformas relativas a la política económica o social de la nación y a los servicios públicos que contribuyen a ella».

El Consejo Constitucional también debía verificar que el RIP no «tiene como objetivo derogar una disposición legislativa promulgada hace menos de un año».

“A la fecha de registro de la remisión, el proyecto de ley tendiente a afirmar que la edad legal de jubilación no puede fijarse más allá de los 62 años no implica un cambio en el estado del derecho”, indica el Consejo Constitucional.

Concretamente, la solicitud de PIR no tenía el carácter de «reforma» como lo exige la Constitución, lo que los llevó a rechazarla. Efectivamente, la solicitud fue presentada en marzo, mientras que la reforma de pensiones solo se promulgó el 14 de abril.

La nueva versión del referéndum

Este segundo PIR era diferente. En esta segunda versión, los parlamentarios de izquierdas mantuvieron la petición de no poder superar los 62 años para la edad legal de jubilación. Pero añadieron un apartado sobre los «ingresos tributarios vinculados a los recursos de capital para asegurar la financiación del salario».

«Después del análisis, hemos redactado un texto más reforzado en términos legales, con argumentos financieros, para hacer una propuesta de reforma real», precisó Patrick Kanner, el jefe de los senadores del PS, en el origen de la presentación de la demanda.

El Consejo Constitucional tuvo que determinar si la adición de un recurso fiscal podía ser considerada como una reforma.

La maniobra era menos sencilla de lo que parece: los «Sabios» tuvieron que decidir sólo cuatro veces sobre el tema. “El problema es que el Consejo Constitucional crea normas sobre la marcha. Entonces es complicado saber de qué lado caerá la pieza”, explicó el constitucionalista Paul Cassia, tras la invalidación de la primera versión.

Si el Consejo Constitucional consideraba que el PIR cumplía la reglamentación, sería el comienzo de un largo camino lleno de trampas. Primero sería necesario que la solicitud de referéndum logre recoger la firma de una “décima parte de los electores”. Es decir 4,87 millones de personas en un plazo de 9 meses.

Durante el último PIR contra la privatización de Aéroports de Paris, solo un millón de personas habían firmado. Hay que decir que la plataforma de recogida de firmas en la web del Consejo Constitucional es relativamente compleja, con una verificación previa de la inscripción en el registro único electoral (REU).

Si se alcanza el umbral de 4,8 millones, la Asamblea Nacional y el Senado tendrán seis meses para examinar el proyecto de ley y decidir si lo aprueba o lo rechaza. A falta de una votación de los parlamentarios -muy improbable-, el Presidente de la República tendrá entonces que convocar un referéndum.

Mientras tanto, «el PIR no congela la aplicación de la ley», recuerda el constitucionalista Paul Cassia. Muy concretamente, Emmanuel Macron podría por tanto aplicar la reforma el próximo septiembre mientras se llevaba a cabo la recogida de firmas. Pero políticamente, el caso parecía insostenible.

PB

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