Se votará este jueves en el Consejo Permanente. Saluda la liberación de un grupo de presos políticos, pero critica que los hayan despojado de su nacionalidad y pide más liberaciones y democracia.
Antes de volar a la Antártida con Alberto Fernández este jueves, el canciller Santiago Cafiero instruyó a su equipo en Buenos Aires y a la misión argentina en Washington para que el país adhiera a una declaración crítica de la Organización de Estados Americanos (la OEA) sobre el trato a los opositores políticos por parte de la dictadura de Daniel Ortega.
Esta llama a las autoridades nicaragüenses a liberar «inmediatamente a todas las presas y presos políticos y a permitir el acceso al territorio, sin trabas, de los organismos internacionales de derechos humanos».
Según supo Clarín de fuentes latinoamericanas en Buenos Aires, la declaración que se vota este mismo jueves saluda por un lado la reciente liberación de unos 222 presos políticos nicaragüenses -que fue fruto de un acuerdo del régimen de Managua con Washington- y por el otro, rechaza la decisión de Ortega y de su vice y esposa, Rosario Murillo de despojar de su ciudadanía nicaragüense a dichos desterrados, de confiscarle sus bienes.
Son en realidad más de 300 si se le suman los 94 intelectuales y personalidades de Nicaragua que ya estaban en el exilio y que Ortega y Murillo colocaron en la misma condición que los 222 de «traidores a la patria». Entre estos último se encuentra el obispo Rolando Alvarez -quien no quiso irse al exilio- y Ortega y Murillo lo enviaron de regreso a prisión.
La posición del Gobierno frente a los abusos en Nicaragua tiene lugar luego de que el canciller Cafiero se viera en la situación de salir por radio a decir que Argentina estaba abierta a ofrecerle la ciudadanía a cualquier opositor de ese país que así lo solicitara en virtud, además de una ley que los ampara.
En las últimas horas, dirigentes de la oposición criticaron lo que llamaron el «silencio» regional sobre el trato a los opositores en Nicaragua.
El Gobierno siempre ha criticado los abusos del régimen de Ortega en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero en la OEA ha tenido diversas posiciones. Managua por su parte anunció que se retirará de este organismo por sus críticas.
«Deploramos que, como lo señaló la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en su comunicado del 13 de febrero, aunque estos presos políticos han sido liberados, el gobierno de Nicaragua ha tomado medidas para despojarlos de su ciudadanía, dejándolos en una condición de apátridas, y de todos sus derechos políticos», empieza diciendo la declaración que apoyan Fernández y Cafiero y que una vez más, no tendrá que apoyar el embajador ultrakirchnerista Carlos Raimundi -que es abiertamente pro chavista y pro sandinista- porque está de vacaciones.
«Recordamos que, en virtud del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella.», dice la declaración y continúa.
Y reclama al Gobierno de Nicaragua a que «cese toda acción violenta contra la población del país y restablezca plenamente los derechos civiles y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho; y a que ponga fin a todas las formas de intimidación y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. «
E insta » al Gobierno de Nicaragua a que cese la represión y la detención arbitraria de líderes y lideresas comunitarias, incluidos los de la Iglesia católica, y a que permita el acceso sin trabas a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos, en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas».
La declaración, que es extensa y da ejemplos de casos, hace un «llamado al Gobierno de Nicaragua para que cumpla los compromisos consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que reconoce la democracia representativa como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que el propio Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Francisco Aguirre-Sacasa, firmó el 11 de septiembre de 2001»