Concluida la primera jornada de protestas, el jueves por la noche desde el Palacio de Gobierno la presidenta Dina Boluarte lanzó un discurso que inició con una fervorosa felicitación a la Policía Nacional, por haber actuado con firmeza contra los manifestantes que recorrieron el centro de Lima y porque no se registró ningún muerto.
Boluarte no mencionó que, en el sur del país, en Arequipa, la policía mató de tres balazos a un ciudadano, con lo que el número de fallecidos se elevó a 44, contando desde el inicio de su mandato. Todos vivían en provincias, no en Lima.
Ese desprecio discriminatorio al diferenciar a los muertos de Lima con los del interior del país, o de maltratar a los que provienen del interior del territorio nacional, es una característica histórica de los gobernantes peruanos, un rasgo que se acentuó cuando en la década de los 40 del siglo pasado, se iniciaron las olas migratorias hacia la Ciudad de los Reyes.
En 1952, el senador Manuel Faura Bedoya, quien representaba al dictador Manuel Odría, presentó un proyecto de ley para impedir que los provincianos ingresaran en Lima.
En 2009, el presidente Alan García trató como ciudadanos de segunda clase o “perros del hortelano”, a los indígenas awajún, por oponerse a la explotación de recursos naturales en sus territorios. García ordenó reprimirlos, lo que costó 33 muertos, entre policías e indígenas.
Y fue el expresidente Pedro Pablo Kuczynski quien dijo, aludiendo a los electores de los Andes del sur del país, que suelen inclinarse por candidatos de izquierda: “La altura les impide que el oxígeno llegue al cerebro”.
Boluarte no es muy diferente, no obstante que proviene de la región surandina de Apurímac.
La presidente trató de “minoría violenta” que pretende “quebrar el Estado de derecho, generar caos y desorden, y dentro de ese caos y desorden, tomar el poder de la nación”, a los que reclaman que renuncie.
Es sorprendente que Boluarte trate como una minoría a los manifestantes antigubernamentales que le exigen su dimisión por encabezar un gobierno que se impone a balazos, aliarse con los partidos políticos que no aceptaron la derrota de sus candidatos en las elecciones presidenciales de 2021 y que luego denunciaron un falso fraude electoral, al estilo de los seguidores de Jair Bolsonaro.
¿Minoría? Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la desaprobación de la presidenta Boluarte es muy alta, en todo el país: 72% en el norte, 87% en el centro, 80% en el sur y 61% en Lima.
El mismo sondeo también revela que 60% consideró justificadas las manifestaciones antigubernamentales y el 35% se pronunció en contra.
La oposición a la presidenta Boluarte ha crecido por errores cometidos por ella misma, como afirmar, sin presentar pruebas, que las protestas son dirigidas por el grupo terrorista Sendero Luminoso y que son financiadas por el narcotráfico y organizaciones criminales dedicadas a la explotación ilícita de oro.
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional ha identificado 16 organizaciones diferentes entre sí, no comunicadas entre ellas, como las protagonistas de las manifestaciones.
No hay un solo partido político, no hay una sola dirigencia identificada, a la que se le debe atribuir la ola de protestas en todo el país. Pero Boluarte prefiere escuchar a sus aliados que aseguran sin presentar evidencias que los terroristas de Sendero Luminoso son los autores de la violencia.
Bajo esta justificación, el gobierno detuvo a 7 personas en Ayacucho -en los Andes del sur del país-, acusadas de vinculaciones con Sendero Luminoso y haber organizado las protestas del 15 de diciembre de 2022, que concluyeron con la muerte de 10 personas.
La orden de aprehensión incluyó como evidencia incriminatoria, que los sospechosos tuvieran libros de Marx, Lenin, Stalin y Mao, característica de la represión en los años de plomo, de 1980 a 2000.
Empero, las autoridades no han dispuesto a aprehender a los jefes militares que ordenaron a los soldados del ejército disparar y matar a 10 ciudadanos, varios sin ninguna relación con las manifestaciones y algunos cuando trataban de ayudar a los heridos.
Tampoco han mandado arrestar a los jefes policiales a cargo de la represión en la ciudad altiplánica de Juliaca, Puno, que terminó con el asesinato de 18 personas.
Si hay algo que más irrita a los manifestantes que han llegado a Lima para reclamar la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la inmediata convocatoria a elecciones generales y una nueva Constitución, es que la presidenta los desprecie, como lo hicieron otros gobernantes limeños.
Y se indignan más porque ella es de origen andino, precisamente de Chalhuanca, de la región Apurímac.
Otro factor que también alienta a los opositores es lo que llaman la traición de Boluarte. Elegida vicepresidenta del golpista Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2021 dijo que si caía el mandatario ella renunciaría.
Más allá de la causa legal que justificó la destitución del presidente, lo cierto es que Boluarte se unió a los partidos limeños Fuerza Popular -que postuló por tercera vez a Keiko Fujimori y fracasó- Renovación Popular y Avanza País, principalmente y la consagraron como la primera presidente del Perú, respaldada por las FF.AA. y la policía.
Es decir, Boluarte acabó representando lo contrario a lo que eligieron los peruanos en 2021. Al final, vuelven los de siempre.