Los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) María Rosa Martínez y Pablo Carro presentaron este viernes una nueva iniciativa de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, relacionada con el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial.
Horas después de la iniciativa presentada por los 15 integrantes que rubricaron y formalizaron el tema incorporado por el presidente Alberto Fernández en el temario de las sesiones extraordinarias, los dos diputados de extracción sindical avanzaron con ese texto.
«Presentamos un Proyecto solicitando juicio político a los integrantes de la Corte Suprema Justicia de acuerdo al Art. 53 de la Constitución Nacional por supuestos delitos cometidos en la administración de la Obra Social del Poder Judicial«, señaló la bonaerense Martínez en sus redes sociales.
Para la gremialista gráfica, «Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incumplieron sus funciones de control, fiscalización y nombramiento de la Obra Social del Poder Judicial» y manifestó que se trata de «una administración plagada de irregularidades y un serio deterioro del servicio de salud de los trabajadores».
Para Carro y Martínez, «este incumplimiento sostenido durante años tuvo como consecuencia directa la existencia de una administración plagada de irregularidades, el deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la OSPJN» y «la afectación del derecho a la salud de todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afiliados a la misma».
«Por esta razón, resulta indispensable que mediante el mecanismo de juicio político, el Congreso de la Nación lleve adelante el proceso de acusación a los ministros de la CSJN según las atribuciones que la Constitución Nacional le asigna», completaron en los fundamentos de la iniciativa.
Este pedido de juicio político a los miembros de la Corte, se suma al presentado hoy por el bloque oficialista, y a otros preexistentes que pesaban sobre Rosenkrantz y Lorenzetti, éste último a instancias de la Coalición Cívica.