El bastión opositor sigue paralizado debido a un reclamo por el censo, el cual definirá la representación parlamentaria de cada provincia.
El gobierno de Luis Arce enfrentaba el lunes una escalada de protestas con la provincia de Santa Cruz, la más próspera de Bolivia y un bastión opositor, paralizada por una huelga por tiempo indefinido en reclamo de un censo que redefinirá la distribución de escaños en el Legislativo.
Esa ciudad del oriente amaneció sin transporte, con avenidas y calles bloqueadas por manifestantes; mercados, bancos y comercios cerrados y esporádicos choques entre grupos afines al gobierno que buscaban rehabilitar el tráfico y manifestantes a favor del paro.
La protesta de Santa Cruz amenazaba con extenderse a otras regiones del país como Beni y Potosí y no era la única manifestación antigubernamental. Una masiva marcha de mineros auríferos que se oponen a un nuevo régimen impositivo paralizó el centro de La Paz el lunes. También marchaban los maestros por demandas sectoriales.
La polémica en torno al censo
Inicialmente el censo estaba previsto para noviembre de este año pero fue aplazado por razones técnicas y logísticas para 2024, según el gobierno. Los líderes de Santa Cruz reclaman que el empadronamiento se haga en 2023 para que los resultados tengan efecto en los comicios presidenciales de 2025.
Los intentos de diálogo no han prosperado el fin de semana. El fallecimiento de un manifestante y el apresamiento de tres líderes de la protesta han complicado una salida al conflicto. A su vez sindicatos afines al gobierno han advertido con «bloquear» el ingreso de alimentos y combustible a Santa Cruz.
«Nuestro gobierno demuestra su predisposición al diálogo y propuso definir una fecha del censo con base al análisis de las mesas técnicas», dijo Arce en Twitter. A su vez el expresidente Evo Morales, jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó en la misma red social que el paro «es un pretexto para desgastar a nuestro gobierno».
Desde que inició la protesta el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de la oposición política, dijo que el censo «es por una mejor educación y salud para la gente», tildó al gobierno de «incompetente» y de aplazar el censo «por cálculos políticos».
Esa región –que produce el 70% de los alimentos que consume el país–, reclama un censo para lograr una nueva redistribución de los ingresos nacionales al ser la más poblada, pero sobre todo una mayor representación legislativa que le permita más peso en las decisiones políticas del país.
Para los analistas un nuevo empadronamiento también permitirá depurar el padrón electoral que gatilló la grave crisis política de 2019.
La fuerte polarización de Bolivia se mantiene latente desde ese año cuando las elecciones presidenciales fueron denunciadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos, lo que detonó un estallido social con 37 muertes que forzó la renuncia del entonces presidente Morales.
El gobierno de Arce afronta crecientes problemas sociales y políticos agravados por el desempleo y el costo de vida a lo que se suman fuertes disputas en el interior del partido gobernante.
La oposición más dura que afronta Arce viene de gremios y organizaciones cívicas ante una débil y dividida oposición política. La más fuerte es el Comité Cívico de Santa Cruz que lideró las protestas de 2019 contra Morales encabezadas por Camacho.
Fuente: AP